El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha garantizado hoy que los requisitos específicos que puedan fijar las universidades para el acceso a los estudios de grado no supondrán discriminación para ningún estudiante en función de su lugar de residencia.

Wert presidió la Conferencia General de Política Universitaria para debatir el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en lo tocante al acceso a la universidad.
En conferencia de prensa, ha comentado que ha habido «un elevado acuerdo» por parte de las comunidades en general para considerar «apropiado» el sistema que establece la reforma educativa, con la que desaparece la selectividad.
El proyecto legislativo plantea como vía general de acceso a la Universidad la obligación de aprobar la prueba final de Bachillerato, aparte de los caminos específicos para los alumnos de FP superior, Bachillerato Europeo e Internacional y mayores de 25 años.

Además introduce la novedad de que las universidades puedan establecer elementos propios de admisión, que podrán consistir en pruebas, entrevistas o formación complementaria, cuyos criterios generales respetarán los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.

«Algo que parece extraordinariamente importante es la salvaguarda de integridad del sistema universitario español, lo que se conoce como el distrito único», ha enfatizado.

Esto significa, ha precisado, que esos procedimientos propios de admisión de alumnos, que pueden poner en juego las universidades, «en ningún caso pueden ir en menoscabo de la capacidad de cualquier estudiante, resida donde resida, de elegir un centro en todo el espacio cubierto por sistema universitario español».

El ministro y los responsables autonómicos han acordado un mes más de debate y aportación de propuestas hasta una nueva reunión, que se convocaría en torno a primeros de diciembre.

Ha dicho Wert que el debate de hoy ha tenido «muy poco contenido ideológico» y, por el contrario, ha estado orientado por «consideraciones prácticas, de ser más eficaces y ayudar a las universidades en el establecimiento de estos procedimientos de admisión».

Entre las comunidades, el secretario general de Universidades de Cataluña, Antoni Castellà, ha asegurado a la prensa que el hecho de que el Gobierno se reserva la normativa básica para que las universidades fijen sus propios procedimientos de admisión es una clara «invasión competencial».

El representante catalán ha defendido que Cataluña tiene competencia «exclusiva» en materia universitaria y ha denunciado que la propuesta de Wert reduce a las comunidades autónomas a un «mero órgano consultivo», algo que, a su juicio, entra en colisión con el Estatuto catalán.

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